Voluntarismo y tarifas.
Tarifas y voluntarismo.
Explican por allí que, en el campo de la política, el voluntarismo coloca a la voluntad del gobernante por encima de cualquier otra consideración.
El voluntarismo presupone que la intención del político es suficiente para lograr lo que se propone. Descuida, por lo tanto, imprescindibles elementos intelectuales, racionales, científicos, técnicos y emocionales, en el entendimiento que para lograr un objetivo basta con desearlo.
El dinero no alcanza para pagar los aumentos.
En la problemática relacionada con la energía y con los servicios públicos, desde hace mucho tiempo, la Argentina se encuentra atrapada por el voluntarismo.
En efecto, veníamos de un voluntarismo endiosador de la exclusiva gestión pública en materia de servicios. El mismo, por definición dogmática, nos marcaba como único rumbo positivo la directa y singular administración oficial de las empresas de servicios, descontando que con ello el pleno acceso a los mismos se encontraba garantizado para toda la población.
La realidad parece haber desmentido tan plausible intención; bastando recordar, a modo de ejemplo, que en nuestro país hasta finales de los años ochenta, poseer un teléfono fijo llegó a convertirse en una “bendición” que sobrevaluaba muy marcadamente los inmuebles.
En la década siguiente el voluntarismo mutó y rifamos las empresas públicas. Nos las sacamos de encima torpemente, tanto las deficitarias (concepto en si mismo discutible en esta materia), como aquellas que se encontraban razonablemente administradas por el Estado. ¿Se acuerdan?, ¿ustedes lo siguieron?, ¿a ustedes también los defraudó?…
Más cerca de nuestros días convivimos en la autotitulada “década ganada”. En ella, se entronizó al voluntarismo y, echando mano de este como único motor de todas las gestiones pretendidamente formantes del llamado “proyecto nacional y popular”, “se solucionó” el problema tarifario “extinguiendo las tarifas” de las zona más densamente pobladas del país, con el fin de convertir a esos núcleos poblacionales en cotos de caza electoral.
Electricidad, agia y gas sufren el mayor incremento.
¡Y así quedamos!
Sin inversiones en infraestructura y mal acostumbrados al derroche, en una actitud propia de quienes reciben los bienes sin esfuerzo alguno, llegamos a enfrentarnos con la triste realidad que nos marca en nuestro complicado presente, que en lugar de poder vestir cómodamente “en remera y en ojotas” dentro de nuestras casas ajustadamente calefaccionadas, como podríamos y deberíamos estar de haber sido racionales en materia de política energética, nos encontramos todos peleados, por cuanto el ajuste de cinturón, aunque lo reconozcamos necesario, a todos nos disgusta.
Para la superación de este preocupante presente, parece que queremos volver a valernos del voluntarismo.
Gobierno y sociedad, en una postura infantil y fantasiosa, propugnan a los gritos nuevas posiciones voluntaristas pretendidamente encausantes del desaguisado al que arribáramos en materia de energía; ello al impulsar o reclamar, respectivamente, soluciones sin grises o absolutamente gratuitas.
La indiscutible pretensión de canalizar políticas recuperadoras de un rumbo racional en la materia, deviene cuestionable si por voluntarismo se desecha, al tiempo de su implementación, toda consideración ajena a las estrictas cuentas de las finanzas públicas, sin advertir la imperiosa necesidad de manejar con cintura política un tema socialmente tan delicado.
Debe exigirse un manejo “políticamente racional” en la refinanciación de la provisión de insumos de electricidad, gas y combustibles. Decimos políticamente “racional” y no “correcto” (en su sentido popular), ya que el retorno a la realidad energética siempre va a generar incomodidades, mas ellas no deben traspasar los límites de la tolerancia lógica, la proporcionalidad y el progresismo.
¿Consumo subsidiado? No va más.
Resulta obvio que la implementación del reencausamiento tarifario no puede desatender la situación económico financiera individual de los habitantes, ni la diversidad de capacidades contributivas. Como tampoco puede obviar que se está exigiendo a los particulares una necesaria reasignación de ingresos. Debe atenderse, incluso, la eclosión del cambio cultural que experimentan aquellos que recayendo en la cuenta de que fueron engañados durante la docena de años del “reino del revés, empiezan a aceptar como realidad irrefutable, que las tarifas de servicios públicos existen y que ajustadamente calculadas deben ser pagadas.
En este sentido, entendemos que esta vuelta a la razón requiere de un tiempo, ni corto ni largo pero sí lo suficientemente necesario para permitir la incorporación periódica, paulatina y lo menos traumática posible de los incrementos en las tarifas de los servicios públicos; siempre en un “quantum” políticamente razonable.
Ese período de tiempo, además permitirá la reorganización de las finanzas familiares y la de los pequeños emprendedores o comerciantes.
Junto a ello se irán incorporando en nuestra vida comunitaria por convicción o por imposición pública, los paradigmas que hablan de la necesidad de un uso racional de la energía y del pago ajustado de su costo por parte de los usuarios, como así también de la necesidad de la existencia de un programa permanente, proporcional y flexible de subsidios por parte del Estado, que balancee el inalcanzable precio de la energía y servicios básicos que surge del férreo entrecruzamiento de los costos operativos y de la ley de oferta y demanda, con la incuestionable obligación estatal de dar satisfacción a las necesidades primarias de los miembros de la comunidad, de las que indudablemente forma parte la provisión de electricidad, gas, combustibles, agua potable y servicios sanitarios; para lo cual, de ser necesario, el Estado deberá reforzar sus partidas presupuestarias sacrificando otras de naturaleza derecha o mediatamente prescindibles.
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